sábado, 14 de octubre de 2017

DERECHO CONSTITUCIONAL A LA INFORMACIÓN

Luis Britto García

Información es poder; debemos evitar los abusos del uno y de la otra. Examinemos el siguiente artículo de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley.

OBSERVACIÓN: El acceso irrestricto a “documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas” implica para la República la virtual imposibilidad de mantener en reserva cualquier información. Los proyectos relativos a la política económica, a la defensa nacional o a la industria de los hidrocarburos, obviamente contienen información cuyo conocimiento es de interés para especuladores, traficantes de armas o competidores. Los documentos relativos al proyecto de reforma constitucional, que el decreto presidencial considera confidenciales, contienen asimismo información de interés para comunicadores y políticos. El régimen señalado impediría el desarrollo y aplicación efectivos de las políticas de la República.

Cabe advertir que el artículo 155 de la Ley Orgánica de la Administración Pública adhiere a este régimen de casi absoluta publicidad de los archivos de los poderes públicos al pautar que “toda persona tiene el derecho de acceder a los archivos y registros administrativos (…) salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto”. Por tanto, la ley establece un régimen de acceso total, sin otro  límite que  la Constitución –que sólo fija alguno en lo relativo a seguridad y defensa- o la ley especial, la cual difícilmente podrá vetar el acceso cuando la Carta Magna no lo hace.

Por tanto, se debe sustituir la última oración por la siguiente: “Igualmente, podrá acceder a los documentos de los archivos del Estado cuando no exista otra manera de probar un derecho que le concierna en forma directa”.

Por otra parte numerosas oportunidades los comunicadores han abusado de la prerrogativa de mantener en secreto sus fuentes, cubriendo con ella la inexistencia de éstas y la consiguiente responsabilidad personal. Materia tan delicada debe ser dejada a consideración de la ley, sin establecer constitucionalmente un régimen excepcional. Se sugiere que la excepción sea eliminada, manteniendo en forma genérica el derecho “de las profesiones que determine la ley”, entre las cuales el legislador podría incluir la de comunicador social. O bien, en los términos del artículo 57 ejusdem, se debe pautar que el comunicador “asume plena responsabilidad por todo lo expresado.”

SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 28. Las personas naturales y jurídicas sólo están obligadas a suministrar a las personas privadas y las  autoridades las informaciones que deban rendirles de acuerdo con la ley.
El Estado y los particulares sólo podrán requerir de personas naturales o jurìdicas la información que éstas deban presentar conforme con la ley. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen un interés legítimo y directo. Igualmente, podrá acceder a los documentos de los archivos del Estado y de los particulares cuando no exista otra manera de probar un derecho que le concierna en forma directa y legítima. Las personas naturales y jurídicas sólo están obligadas a suministrar a los particulares y los poderes públicos las informaciones que deban rendirles de acuerdo con la ley.  Queda a salvo el secreto de las profesiones que determine la ley.



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domingo, 8 de octubre de 2017

PRESERVEMOS LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Luis Britto García

Seguimos señalando normas en nuestra Constitución que la someten a disposiciones de menor rango, de origen foráneo y sancionadas sin los requisitos de la Carta Magna. Por ejemplo:

Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

OBSERVACIÓN: Una vez más, y con mayor claridad todavía, se otorga rango constitucional a normas que, como los tratados internacionales, no han sido sancionados con los requisitos de la Constitución, entre ellos el referendo aprobatorio. Aparte del menoscabo de la voluntad popular que ello supone, en esta norma el rango que se les otorga es contradictoriamente superior al de la Constitución, ya que “prevalecen en el orden interno”, siempre que “contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República”.  Así se intenta consagrar el imposible lógico y jurídico  de que otras normas tengan rango superior al constitucional, y se hace con respecto a normativas que han sido esgrimidas sistemáticamente por las grandes potencias y sus órganos jurisdiccionales contra los países en vías de desarrollo, como lo son las relativas a Derechos Humanos.

SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 23: Los tratados, pactos y convenciones de derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela de acuerdo con esta Constitución y con sujeción a las normas de ella, tienen rango legal y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público, siempre que no contradigan las normas de la Carta Magna y el orden interno fundado en ellas. Corresponde a los tribunales de la República conocer de las violaciones sobre las materias reguladas por  dichos tratados.

Igual contradicción afecta al artículo 27 de nuestra Carta Magna:

Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona; y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.

OBSERVACIÓN: De nuevo se otorga rango constitucional a supuestos derechos que no figuran expresamente en la Constitución ni en las leyes de la República ni en los tratados ratificados por ésta. Así, aparte de que se crea una total incertidumbre jurídica,  se sujeta a Venezuela a posibles normas de origen foráneo, que podrían ser asimismo aplicadas en su contra por tribunales internacionales adversos a la soberanía nacional.

Por tanto, se debe eliminar del primer párrafo del citado artículo 26  la mención “aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.

Y se debe estudiar minuciosamente la preservación del derecho de amparo a la libertad incluso en caso de estado de excepción  o restricción de garantías constitucionales. La persistencia de éste podría hacer inútiles tales medidas. Se recomienda eliminar tal disposición.

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lunes, 2 de octubre de 2017

CONSTITUYENTE Y DERECHOS HUMANOS

Luis Britto García

Señaló Mark Twain que el Diablo puede citar la Biblia. Las potencias hegemónicas también utilizan en forma falaz el noble recurso  de los Derechos Humanos para atacar a los gobiernos progresistas. Hay que excluir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los textos que  posibiliten tales ataques. Por ejemplo:

Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.

OBSERVACIÓN: El artículo precedente pareciera elevar al rango constitucional “los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República”, sin que  se cumplan los requisitos indispensables para darles tal rango. Por otra parte, toda una tendencia jurídica relativa a los Derechos Humanos tiende a dar la mayor relevancia dentro de éstos a la propiedad, y a sostener que ella es un derecho supremo que puede y debe ser protegido por tribunales internacionales y nacionales. Cualquier presunta violación del derecho de propiedad, o de otro derecho humano, podría así dar lugar a un fallo que destituyera al Presidente de la República o a otro mandatario por supuesta violación de derechos humanos.

SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 19. El Estado garantizará a las personas y colectividades, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con lo dispuesto  en los tratados internacionales que sean ratificados por la República, salvo en los casos en que ello pudiera menoscabar su soberanía, inmunidad de jurisdicción y autonomía para resolver los asuntos internos.

Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.

OBSERVACIÓN: Se debe definir en forma estricta la fuente que se reconocerá como válida de estos Derechos Humanos que “no figuren expresamente” en la Constitución ni en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. No se puede admitir vaguedad en cuanto a la generación de las normas que rigen la materia de los Derechos Humanos, llevada  al extremo con la afirmación de que “la falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”. Pero la ley expresa y vigente es la fuente de la competencia de los poderes públicos. Cualquier ente, organización o persona podría alegar supuestas categorías de estos derechos que “no figuren expresamente” en la Constitución ni en las leyes ni en los tratados, y alegarlos para deponer autoridades.
SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 22. Los derechos y garantías de los ciudadanos son los reconocidos en esta Constitución, en las leyes que la desarrollan y en los tratados internacionales que se ratifiquen de acuerdo con ella.

Luis Britto García

PD: UNA VEZ MÁS, EL INCONCEBIBLE RETARDO EN LA INTERNET DE CANTV NOS IMPIDE ILUSTRAR AMBOS TEXTOS CON NUESTRAS IMÁGENES.


ANTE LA AMENAZA

-Radicalicemos la revolución bajo ataque con ataques revolucionarios en todos los frentes.

-Consideremos las amenazas de agresión militar como agresiones de hecho; contestémoslas  con  iniciativas integrales de defensa popular.

-Emplacemos a las organizaciones internacionales para que respeten y hagan respetar sus estatutos constitutivos, que reconocen a los Estados miembros  soberanía, autodeterminación y no injerencia en asuntos internos.

-Instemos a las potencias hegemónicas a retirar sus bases militares de otros países, y a los pueblos y gobiernos de éstos  a oponerse a la ocupación de sus territorios.

-Denunciemos los tratados internacionales que someten la decisión de controversias sobre asuntos de interés público interno a leyes o tribunales extranjeros.

-Reciproquemos  sanciones de cualquier género con sanciones idénticas contra los intereses de los agresores en nuestro territorio.

-Condenemos y neutralicemos la práctica de financiar, promover y activar agentes de influencia, medios de comunicación y organizaciones violentas de índole paramilitar o cualquiera otra, para interferir en los asuntos internos de nuestros países.

-Dotemos a los gobiernos víctimas de guerra económica de plenos poderes para manejar la importación, producción y distribución de los bienes básicos, y para la confiscación masiva de los patrimonios que operen contra los intereses colectivos o estén incursos en delitos económicos o financieros.

-Apliquemos estrictos controles fronterizos para cortar el contrabando de extracción e introducción, así como la infiltración de paramilitares y explotadores ilegales de recursos naturales.

-Elevemos a rango constitucional el principio de Territorialidad de la Renta, en virtud del cual los  enriquecimientos obtenidos en un país deben ser sometidos a tributación en el territorio donde se producen, y no exceptuados del pago de impuestos con la idea de que empresas y ciudadanos extranjeros los  cancelarán a sus países de origen.

-Sancionemos leyes antimonopólicas contra la concentración de capitales en la industria de las comunicaciones, y reivindiquemos el dominio sobre el espacio radioeléctrico de los pueblos y los gobiernos que los representan.

-Creemos e incrementemos redes alternativas de información que contrarresten las falsedades propaladas por los  monopolios de la información y sus agentes internos.

-Aceleremos la conversión de nuestros sistemas informáticos a software libre, para defendernos contra el espionaje, la incomunicación o la circulación de mensajes falsos en nuestras redes internas.

-Sancionemos normas penales que tipifiquen en forma precisa los delitos de terrorismo, traición a la patria, subversión, tráfico con bienes subsidiados, acaparamiento y daños al patrimonio público.

-Condenemos las iniciativas imperiales de incentivar e intensificar  diferencias internas sociales, religiosas, regionales, étnicas o de cualquier índole  en nuestros países a fin de provocar y legitimar guerras civiles y secesiones.

-Preparemos activamente e incorporemos a toda la población a la defensa territorial, social, económica, cultural, comunicacional y estratégica y  a la guerra prolongada de resistencia.

-Estrechemos  vínculos establecidos con la región latinoamericana y caribeña y con los países no alineados y llamemos a todos los pueblos del mundo a la solidaridad social, económica, cultural, comunicacional y estratégica con Venezuela.



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sábado, 16 de septiembre de 2017

LEY DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES

Luis Britto García

1
Muchos se preguntarán qué hace una fracción de empresarios en una Constituyente socialista. Respuesta: promover una Ley de Promoción y Protección de Inversiones, en lugar de una Ley de Promoción y Protección de los ciudadanos contra las Inversiones. Dicha Ley sería el primer paso para sancionar Tratados de Promoción y Protección de Inversiones. Quizá todavía su texto no ha sido redactado, pero sabemos por experiencia lo que contiene este tipo de normas. Es procedente que quienes votamos por la Constituyente sepamos de qué se trata.

2                                      
Leamos la edificante mitología: el invencible Hércules  corta las mil cabezas de la  Hidra de Lerma, regresa a casa y se arropa con la túnica de la piel del centauro Neso, que le ofrece su cuaima Deyanira. La túnica le causa tal ardor, que Hércules prefiere ser quemado vivo antes que sufrirlo. Releamos las noticias: Venezuela vence al ALCA en la escena internacional en 2005, sólo para consumirse en la túnica del ALCA endógeno: los infames Tratados contra la Doble Tributación, el proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal que intentaba privatizar ríos y lagunas, el Decreto con fuerza de ley de Promoción y Protección de Inversiones, preámbulo o sustituto de un Tratado sobre la misma materia.

3
¿Qué es un Tratado de Promoción y Protección de Inversiones? En el IV Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA, Atilio Borón explicó que Estados Unidos ha promovido 90 acuerdos de tal índole para: 1)Garantizar que los inversionistas extranjeros sean tratados exactamente igual que los nacionales 2)Extender el trato que se da a la nación más favorecida en dichos acuerdos a todos los inversionistas extranjeros 3)Garantizar a los inversionistas extranjeros inmunidad contra  nuevas leyes que afecten sus intereses, tales como aumentos de impuestos o nuevas regulaciones 4)Obligar a los gobiernos locales a indemnizar a los inversionistas extranjeros por cualquier evento que disminuya sus ganancias 5) Prohibir a los gobiernos  políticas de “compre nacional”, de protección a productores vernáculos, de incentivos a la exportación o exigencia de uso de insumos del país 6)Someter a gobiernos y nacionales a tribunales o árbitros extranjeros, tales como el CIADI y el Tribunal Internacional para Arreglos de Diferencias entre Inversionistas, que invariablemente fallan a favor de las transnacionales, con lo cual desaparecen la legislación y la jurisdicción nacionales. La Hidra multilateral abrasa con 90 túnicas bilaterales.

4
Entre 1997 y 1998 una Comisión de representantes del gobierno de Estados Unidos, con el embajador John Maisto y otra del gobierno venezolano con el para entonces ministro Teodoro Petkoff atizó una de estas túnicas para incinerar  Venezuela. El expediente  confiesa que la importancia del Proyecto de Acuerdo “responde a que los Estados Unidos de América constituyen el más importante inversionista en Venezuela” (p.4). Otras chamizas de la pira funeraria: el embajador venezolano Corrales objetaba que el tratado “limitaría hasta la capacidad del Estado a aplicar políticas productivas”, vale decir, le impediría proteger nuestras industrias (p.89). El proyecto de Tratado nos obligaba a acordar trato nacional a las empresas extranjeras, mientras que “El Gobierno de los Estados Unidos de América podrá adoptar o mantener excepciones a la obligación de otorgar trato nacional a las inversiones cubiertas por el presente Tratado”. Privilegiaríamos a los estadounidenses como venezolanos –salvo en el cobro de impuestos, de los cuales los exoneran los infames Tratados contra la Doble Tributación- mientras que ellos sólo nos acordarían iguales derechos que a los estadounidenses cuando les diera la gana: es decir, nunca. El artículo IV obligaba a Venezuela a “acordar restitución o pagar compensación en caso de que las inversiones cubiertas en su territorio sufran pérdidas con motivo de guerra o de otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia, insurrección, disturbio civil o cualquier otro acontecimiento similar”. Nuestro país, o sea, cada uno de nosotros, garantizaría a los estadounidenses lo que ninguna aseguradora en su sano juicio puede asegurar. Sobre todo si, según suele suceder, dicho daño resulta de intervención de la más  agresiva potencia militar de la tierra.

5
Tales abusos determinaron que el Tratado se quedara en el aire. Los enemigos de nuestro  país entonces encontraron la forma de introducir ese caballo de Troya mediante  normas internas. El trato nacional para las transnacionales fue contrabandeado en el inconcebible aparte del artículo 301 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “la inversión extranjera estará sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional”. Las normas antinacionales de los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones se infiltraron en  la legislación interna en el Decreto con Fuerza de Ley de Promoción y Protección de Inversiones  de 22 de octubre de 1999.


6

Examinemos algunas normas de dicho Decreto Ley. El artículo 11 prevé: “Parágrafo Único: Las indemnizaciones a que haya lugar con motivo de expropiaciones de inversiones internacionales serán abonadas en moneda convertible y serán libremente transferibles al exterior”. Así, se priva de valor a la moneda nacional para pagar obligaciones en Venezuela. Según su artículo 17,  “La República podrá celebrar contratos de estabilidad jurídica, con el propósito de asegurar a la inversión la estabilidad de algunas condiciones económicas en el tiempo de vigencia de los mismos”. Así, se podría contratar: “1)Estabilidad de los regímenes de impuestos nacionales vigentes al momento de celebrarse el contrato 2)Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones 3)Estabilidad de uno o más de los beneficios o incentivos específicos a los que se hubiese acogido el inversionista o la empresa”.¡Inmunidad por contrato contra reformas tributarias y financieras! Quema pública del artículo 156 de la Constitución.

7
¿Desacuerdos sobre la aplicación de estas normas inconstitucionales? Los  artículos 22 y 23 del citado Decreto con fuerza de Ley disponen que los pleitos de los inversionistas internacionales no serán resueltos por las leyes y tribunales de Venezuela, sino según “el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversibles (OMGI-MIGA)” o el “Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI)”, y por “arbitraje internacional”. Leyes y tribunales venezolanos a la hoguera: quema de los artículos  156, 157 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

8
El Decreto Ley de Promoción y Protección de Inversiones fue derogado de hecho cuando, por decisión de Hugo Chávez Frías, nos retiramos del Pacto Andino y de la Comunidad Andina de Naciones. Pero quedó el citado texto del  artículo 301 de la Constitución, que troncha el derecho soberano de proteger nuestras industrias al disponer: “la inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional”. Esto es el  ALCA en trece palabras.  Por el contrario, en las Ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la V República, dirigidas por el Comandante Hugo Chávez Frías a la Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente en septiembre de 1999, el Presidente proponía: “La República se reserva el derecho de defender las actividades económicas de su empresa nacional”. Los constituyentes lo ignoraron, y con él, al pueblo.  Denuncié el peligro en varios artículos durante el año 1999.  Nuestra política externa  derrotó victoriosamente el ALCA, pero la conservamos incrustada en una norma interna, y en la amenaza de una norma de Protección y Promoción de Inversiones. O desaparecen ellas, o nuestra economía. 

PD: Una vez más, debido a fallas del Internet de CANTV, publicamos este texto sin las imágenes de costumbre. 


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martes, 12 de septiembre de 2017

LA POSVERDAD DE EVO (UNA PARA EL LADO DE LOS BUENOS)




“Estamos navegando en una sociedad donde una mentira contada mil veces se vuelve verdad. Es penoso"
Jorge Sampaoli, DT Selección Argentina de Fútbol (4/IX/17)

El Presidente se instaló en el presídium del plenario con algunos papeles en sus manos. Traje de alpaca bebé negro, con aplicaciones de aguayos aymaras hilados a mano y coloreados con tinturas naturales. No carraspeó antes de arrancar su discurso ante otros cien mandatarios.
El lugar en el que se realizó la convención de Jefes de Estado de países productores de petróleo de ese año no fue un hemiciclo como el que acostumbra a usarse en los grandes eventos de los organismos del sistema de Naciones Unidas; tampoco tuvo el despliegue floral que suele instalar el protocolo de eventos de ese porte en el centro del espacio. Tres filas de mesas cubiertas con carpetas blancas rodeaban la cabecera y un techo con estructura de caños y una malla de metal desplegado remataban el escenario.
Con seguridad, la decena de traducciones simultáneas no lograron transmitir el sentimiento que cargaban las palabras pronunciadas en un castellano limpio, con cadencia de voceos originarios. Sin embargo, logró inquietar a su audiencia al decirles que él “descendiente de los que poblaron la América hace cuarenta mil años” estaba ahí para “a encontrar a los que la encontraron hace solo quinientos años”.

Acababa de presentarse como Evo Morales, quien venía “a encontrar a los que celebran el encuentro”, alguien “venido de la noble tierra americana”, a quien “el hermano aduanero europeo” acababa de reclamarle una visa “para poder descubrir a los que me descubrieron”, y denunciaba que “el hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca autoricé a venderme”.

Cuando comenzaron los primeros indicios de incomodidad entre los jerarcas del petróleo, el Indio afirmó que para los europeos “toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento”, mientras que él puede “reclamar pagos” e intereses ya que todo “consta en el Archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma. Solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América”, que “deben ser considerados como el primero de muchos otros préstamos amigables de América, destinados al desarrollo de Europa. Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no sólo a exigir la devolución inmediata, sino la indemnización por daños y perjuicios”.

Tras denunciar la guerras contra los cultos musulmanes, creadores del álgebra, la medicina, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización; las batallas de Lepanto, las armadas invencibles, los terceros reichs y otras formas de exterminio mutuo, como así también el uso irracional de aquellos fondos, exigió “la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo del 10 por ciento, acumulado sólo durante los últimos 300 años, con 200 años de gracia”.

Se preguntó “¿Cuánto pesarían, calculadas en sangre?” esas riquezas adeudadas a estas tierras ahora llamadas “americanas” y finalizó su discurso después de afirmar que “Tras el vivir y el soñar, está lo que más importa: despertar”.

Y a despertar pueblos se dedicó. No en salones elegantes sino en tierras de pobres y excluidos.

Que todo es mentira
Nada de lo escrito hasta acá sucedió. Ni la reunión petrolera, ni el traje de “alpaca baby”, ni el discurso maravilloso que parecía escrito por Eduardo Galeano o por el García Márquez de “La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada”, aquella historia que sirvió -hasta al entonces inmortal Fidel Castro- para amenizar el análisis del pago de la impagable deuda externa latinoamericana y caribeña hace un cuarto de siglo.

Con todo respeto por Don Luis, ni siquiera es confiable la versión que dice que la autoría del texto pertenece al escritor, ensayista, dramaturgo e historiador venezolano Luis Britto García, bajo el título “Guaicaipuro Cuatemoc cobra la deuda a Europa”, publicado por el diario El Nacional de Caracas, en octubre de 1990, con motivo del Día de la Resistencia Indígena, conmemorado como contracara del “Descubrimiento” que no fue el 12 de octubre de 1492.

Parte de la biblioteca histórica hasta niega la existencia del cacique. Sin embargo, el “Jefe de Jefes” existió; vivió al promediar el siglo XVI, organizó una coalición indígena contra la ocupación, la explotación minera y la esclavización de sus hermanos por parte de los españoles en el territorio de la actual Venezuela, en el que pretendían apropiarse del oro encontrado en la zona de Los Teques. Los derrotó una y otra vez, hasta que la fuerza de la Conquista exterminó a su pueblo y sus esfuerzos.

Alguien -tal vez Don Luis- decidió darle voz a Guaicaipuro para adversar a los acreedores del Siglo XXI y lo transportó a la Barcelona, o la Sevilla –tampoco es claro-, del 8 de febrero de 2002, día en que instaló una “Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Europea” que nunca sucedió.

Que nada es verdad
Corren las últimas semanas de invierno en el hemisferio Sur, que no por dependiente, endeudada y empobrecida deja de ser una región conectada. Los celulares abundan, los mensajes que se transmiten, alienan, engañan, confunden y, una vez, por una vez, transportan la palabra libertaria de un cacique.

“Me suena como si ya lo hubiese leído”, dice un Hombre Blanco en Asunción.

“Pero nunca en boca de un Indio que es Presidente de su país”, le replican desde una playa del Atlántico Sur.

“Es maravilloso” exclama un psicoanalista desde la capital Argentina.

Rema y rema y navega y navega; el discurso que nunca existió surca el mundo de las “redes” como un delfín esquivando corales. Se hace verdad la mentira y estalla en miles de miles de pantallas de 5.5´ y todos saben que hay un cacique vivo que preside un país soberano.

La bola no para de girar y, en uno de los pocos bares de Buenos Aires en los que las mesas de café comparten espacio con billares de antaño y la política se consume tanto como los maníes, el autor de esta nota le cuenta la historia a su editor, quien se asombra y afirma que “hace años publiqué el discurso de Guaicaipuro en la contratapa de Question”, la revista venezolana dirigida por Aram Aharonian.

Por una vez, la mentira fue de beneficio para todos. Los dueños de las palabras llamaron “posverdad” a la mentira, algo que tiene mala prensa. Para ellos, como para los que manejan el mundo desde Washington, Brasilia, París… o Buenos Aires, importa más el discurso que los hechos, que solo importan a los que tienen hambre y no tienen trabajo. Importan las consecuencias de los dichos, aunque falsos.

Por una vez, la consecuencia fue recordar que la deuda pesa a cada uno con el mismo peso que la cruz de aquel hombre que nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes y que hay caciques que se enfrentan junto a su pueblo a los invasores con banderas de cualquier color.

Carlos A. Villalba. Psicólogo y periodista. Investigador argentino asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (www.estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
FOTO: LUIS BRITTO GARCÍA. iNDÍGENA EN TIWANAKU.


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